Cosas que escribo

En 1990 los impuestos a la propiedad de bienes muebles e inmuebles representaban el 7% del total de la recaudación impositiva en Bolivia, mientras que en el 2012 su participación había caído a casi 0,1%. En el mismo periodo, la participación de los impuestos a los hidrocarburos pasó del 13,1 al 28,1%. ¿Por qué este dato es relevante?, pues bien, porque ambos están directamente relacionados a los ingresos de los gobiernos subancionales del país. Los impuestos a la propiedad de bienes se constituyen, para la mayoría de las alcaldías, en la principal fuente de recursos tributarios recaudados directamente, mientras que los impuestos a los hidrocarburos (y a los minerales también) son coparticipados en función de una regla de distribución territorial a gobiernos subnacionales y universidades, donde aquellos departamentos que tienen yacimientos explotados reciben mayores recursos que aquellos departamentos “no productores”, regla reforzada a partir de una nueva ley de hidrocarburos prom

Hace unos días, en Bolivia, se conoció un proyecto de ley, que ya está siendo tratado en la asamblea, referido a una retención por la comercialización de bebidas envasadas en botellas PET. Este proyecto de ley, cuyo principio fundamental es el de atacar el serio problema de la contaminación generada a partir del escaso reciclaje de estos envases, establece un mecanismo de retenciones (cuasi impuesto) a los productores y/o comercializadores en función del volumen que pueda contener un determinado envase. Ahora bien, más allá del noble propósito de dicho proyecto de ley, este contiene una serie de problemas en su aplicación, que van desde la dificultad de identificar a los comercializadores de bebidas importadas, más en una economía con los altos niveles de contrabando como la nuestra, lo que a su vez lleva a problemas de asimetrías en la aplicación de dicha norma, pues será más fácil aplicarlo solo a las embotelladoras legalmente establecidas, creando más cargas económicas a quien