Cosas que escribo

Durante los últimos años, nos hemos acostumbrado a ver y evaluar a los gobiernos en función de las obras que entregan: mientras más grandes y rimbombantes, el gobierno es mejor. Y claro, mientras esto es exigido por la sociedad, la clase política lo va a usufructuar, por lo tanto, mientras más obras para poner una placa, cartel u otro elemento que diga quien lo hizo, mejor. Esta “municipal” forma relación entre la sociedad y el gobierno, en la última década, se ha extendido incluso al nivel central de gobierno, algo que está explicado a partir de innegables deficiencias en infraestructura, ciertamente, pero también esta responde al gran influjo de recursos que hemos recibido como país, lo que le ha dado al gobierno una extraordinaria holgura para encarar todo tipo de proyectos, desde aquellos pequeños pero claramente necesarios, como los de una posta sanitaria en alguna comunidad alejada, hasta algunos faraónicos y de dudosa rentabilidad, como es el caso de la planta procesadora d

Durante los últimos 10 años, la gran cantidad de recursos que el país ha percibido, le han permitido al gobierno la aplicación de políticas públicas ineficientes y hasta destructivas de las bases económicas sobre las que se sostiene una economía estable en el largo plazo. Una ejemplo claro es la política salarial y laboral, que en conjunto han establecido un esquema de incentivos perversos que, hoy, ante la ya innegable desaceleración de la economía, tendrán sus efectos en el corto y mediano plazo. Para explicar que se ha hecho mal, es necesario partir de lo que sucedería en un mundo ideal a la hora de negociar un incremento al salario. En primer lugar, los empleadores evaluarían la pertinencia o no de un incremento salarial en función de dos elementos: la variación de costos que han enfrentado y la productividad de sus trabajadores. Si esta última variable muestra incrementos más altos que los observados en los costos que enfrenta el empleador, este tendrá ganancias extraordina