El costo del control de la inflación y el incremento salarial

La política de control de la inflación que está llevando adelante el actual gobierno boliviano está basada en tres pilares fundamentales, utilizando, en primer lugar, medidas monetarias, a las que los economistas llamamos Operaciones de Mercado Abierto (OMA’s), medidas de tipo de cambio y medidas administrativas, que en pocas palabras son los controles de algunos precios de la canasta básica junto con exenciones a sus importaciones.

En conjunto, estas medidas parecen haber resultado relativamente exitosas, al menos según lo que muestran los datos oficiales. Sin embargo, y ante una coyuntura en la que los incrementos salariales han estado muy por encima de los indicadores de inflación del 2013 y a los que se les debe agregar las inyecciones de dinero que representaran o representaron los pagos del doble aguinaldo en el sector privado entre enero y febrero, correspondiente a la gestión 2013, y muy seguramente del mismo beneficio para el 2014, es pertinente que se evalúe cuanto le cuesta a los bolivianos el control de la inflación.

Las OMA’s son ventas de bonos que hace el Banco Central, normalmente a entidades financieras, pero también a las AFP’s y últimamente al público en general, de tal manera que se entrega un certificado por un monto y plazo determinado, al final del cual se le devolverá ese dinero al dueño de dicho certificado más una suma correspondiente a los intereses. En el 2013, y a causa del incremento de las presiones inflacionarias, el BCB se vio obligado a incrementar su oferta de bonos, llegando, a finales del 2013, a los 2.142 millones de bolivianos, lo que junto a otros instrumentos monetarios que tuvieron que ser aplicados, sumaron un total de 7.707 millones de bolivianos en retiros de liquidez.

Evidentemente, estos retiros tienen un costo financiero (los intereses que hay que pagar por ellos), que serán mayores cuanto mayores sean las presiones inflacionarias que se registren en la economía.

La segunda gran herramienta que se ha estado utilizando, quizás de forma indirecta, es el tipo de cambio. Aquí es necesario explicar la diferencia entre el tipo de cambio nominal, que se releja en la cotización del peso boliviano respecto a otras monedas, y que en el caso del dólar no ha cambiado desde finales del 2011, y el tipo de cambio real, que además de expresar el precio entre una moneda y otra, toma en cuenta la evolución de los precios entre dos países, por lo que termina expresando de forma aproximada el valor de los productos de un país en comparación a los de otro.

En este sentido, el tipo de cambio real de Bolivia se ha venido apreciando considerablemente, de hecho, solo en el 2013, la apreciación real ha sido del 9%, lo que en otras palabras significa que los precios de los productos bolivianos en este periodo se han encarecido, respecto a los del resto del mundo, un 9%. Esto evidentemente repercute en la competitividad de nuestras exportaciones, pero al mismo tiempo facilita la importación de bienes de consumo que, en un contexto como el que se ha observado en el 2013, donde las economías vecinas han empezado a devaluar sus monedas para ganar competitividad, permite mantener los precios de la canasta de consumo boliviana relativamente bajos.

Evidentemente este mecanismo tiene un efecto perverso, ya que a medida que la participación de los productos importados en la canasta de consumo de los bolivianos se hace más importante, los objetivos de política que se ha planteado el mismo gobierno, como la soberanía alimentaria, se hacen más difíciles de alcanzar, incrementando además la vulnerabilidad de la economía boliviana a los vaivenes de las economías externas.

Finalmente, las medidas administrativas, que conjugan controles de precios que se llevan adelante cada tanto, con exenciones o fomentos para la importación, han sido aplicadas principalmente sobre las etapas iniciales de la cadena productiva, dicho de otra manera, sobre las materias primas, como las harinas, granos, aceites y otros que sirven para la elaboración de productos de consumo final.

Estas medidas solucionan el problema de la inflación en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo desplazan a muchos productores de materias primas hacia otras actividades, principalmente comerciales, toda vez que ellos se ven imposibilitados de incrementar sus ingresos por los controles de precios que enfrentan, haciendo que el aparato productivo nacional se torne más dependiente de los insumos importados, aumentando, de nuevo, la vulnerabilidad de la economía boliviana.

En este contexto, en el que poco más del 20% de los trabajadores percibe los incrementos salariales que se plantean desde las negociaciones entre el gobierno y la COB, mientras que toda la población será la que enfrente los efectos inflacionarios de estas señales, habrá que preguntarse hasta qué punto es sostenible esta actual política económica.

Artículo publicado en Asuntos del Sur, Economía Bolivia