En los últimos años, cuando se habla de empresas públicas, siempre, sin temor a equivocarme, la discusión es coyuntural. De hecho, en las últimas semanas, el tema ha vuelto a las páginas de prensa a partir de cuestionamientos por las fuertes caídas en los resultados de las mismas y, en contra partida, de defensas con argumentos ideológicos antes que económicos. Sin embargo, la historia de las empresas públicas en Bolivia es larga y presenta características que escapan a lo coyuntural. Uno de los hechos principales sobre las empresas públicas en el país, al margen de las formas legales y el tamaño de las mismas, es que siempre han estado presentes en el periodo que hace al libro. De hecho, desde 1900, no existe ni un solo momento en el que no se registren empresas estatales, aun en el llamado periodo neoliberal (1986 – 2006), cuando YPFB seguía siendo parte del Estado, junto con un gran número de empresas dedicadas a la provisión de servicios públicos. Esto nos lleva a un segun
Cualquiera que inicie la carrera de economía recibirá, en los primeros días de clases, la suficiente formación para entender que es el PIB. Es un agregado, que se usa para estimar el tamaño de una economía, sumando el valor de los bienes y servicios finales producidos y transados en un periodo dado. Vamos por partes: los periodos suelen ser trimestres o años, mientras que los bienes y servicios deben ser “finales” porque si tomamos en cuenta los productos y servicios intermedios tendríamos una doble contabilidad: la harina que le venden los molinos a los panaderos no se contabiliza por que se supone que el costo de ésta harina está incluido en la marraqueta que vende el panadero (y que si contabiliza en el PIB). También deben ser bienes y servicios “transados” porque se necesita un valor de mercado para poder cuantificar el PIB. Aquí una primera llamada de atención: esto significa que se dejan afuera todas los bienes o actividades que no reciben remuneración, como por ej
Estamos a ocho semanas de las elecciones generales y parece que el tema principal de la campaña se ha centrado en la discusión sobre las rentas de los hidrocarburos. Hábilmente, desde mi perspectiva, el Gobierno ha sobredimensionado esta discusión, explotando de nuevo los sentimientos de soberanía tan arraigados en nuestra población, para evitar hablar sobre los otros grandes problemas de la economía. El 50/50 es, sin duda, una menor proporción de la torta que la que ahora captura el Gobierno, que tampoco es 82% y que tampoco fue logrado por este gobierno (según cálculos de Mauricio Medinaceli están en el orden del 65% y la Ley 3058, base del actual esquema de tributación, fue aprobada en el 2005); sin embargo, si como sociedad nos enfrascamos en esta discusión, nos estamos quedando con una muy pequeña parte de todo lo que hay que discutir. No sólo por lo complicado que puede ser el establecer impuestos sobre los recursos naturales, sino porque una de las reglas básicas, si
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