Legislando por legislar: esperemos que no

Tenga por seguro estimado lector que por cada ley que se hace hay quienes ganan y hay quienes pierden. Esto no es ninguna novedad, sin embargo, dada esta irrefutable verdad la pregunta es entonces: ¿que leyes debemos hacer?

Desde el punto de vista económico hay tres preguntas que deberíamos contestar antes de decidir sobre la viabilidad de una ley. La primera de ellas es ¿la ley respeta las libertades individuales?

Explico esto con un ejemplo prestado, es normal ver a padres ahorrar parte de sus ingresos actuales para heredarlos a sus hijos (el objeto es claro: darle mejores oportunidades a sus hijos en el futuro), sin embargo, esta actitud altruista es difícilmente "agregable" a nivel social (¿usted estaría dispuesto a ahorrar los recursos del IDH para que la próxima generación tenga un mejor pasar?). Por lo tanto, algunas decisiones que son tomadas a nivel individual no pueden ser tomadas a nivel social, simplemente porqué vulneran la libertad individual.

En segundo lugar hay que preguntarse si la ley respeta el Estado de derecho. Esta pregunta que parece mas cercana a lo legal que a lo económico tiene serias implicaciones en la economía. La razón es simple, usted, yo y cualquier persona que emprenda una actividad económica valora la estabilidad porqué necesita planificar. El Estado de derecho implica entre otras cosas, que las normas de juego van a ser las mismas, por un tiempo razonable, para todos.

Finalmente, hay que preguntarse si es realmente necesaria la intervención del Estado. Toda ley crea incentivos y dado que vivimos en un contexto donde los recursos son limitados, todo incentivo que se da a un sector va a repercutir en el resto de la economía.

Aquí un ejemplo: suponga que un legislador quiere mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores en Bolivia y sabe que ellos enfrentan dificultades que van desde el clima hasta la falta de carreteras. Además, fruto de factores externos se ha visto que en Bolivia hay escasez de alimentos.

Por lo tanto, la ley ofrece entre otras cosas un seguro agrario, que permitiría recuperar el capital en caso de contratiempos a la vez que asegura la provisión de alimentos para la sociedad. El objetivo entonces es mejorar el bienestar de los agricultores y de la sociedad en general.

Pero el legislador ha olvidado que los mismos motivos que lo llevaron a preocuparse por el agricultor, han llevado a los productores a diversificar sus actividades. El productor, que sabe que no puede arriesgarse a vivir exclusivamente del agro, se dedica también a la construcción, al transporte o a cualquier otra actividad.

Entonces, lo que realmente va a pasar, es que el agricultor tendrá menos incentivos para dedicarse a la producción agrícola (al fin y al cabo trabaje o no en su parcela el ingreso ahora esta asegurado), lo que le da mas tiempo a este agricultor para dedicarse a sus otras actividades o en ultimo caso a pasar mas tiempo con su familia.

Evidentemente el bienestar de los pequeños productores puede haber mejorado, sin embargo, es muy probable, dado que el productor ha descuidado sus cultivos, que la escasez de alimentos se agrave, además de que los empresarios de otros sectores se verán beneficiados por el subsidio al seguro agrario.

¿Por que? Porqué como el agricultor ahora dedica más tiempo a sus otras actividades, la provisión de mano de obra en estos sectores será mayor lo que hará que el precio de la misma baje, disminuyendo los costos de los empresarios en estos sectores. Todo esto quiere decir que lo que empezó como una buena intención hacia un sector termina convirtiéndose en beneficios para otro sector, costo para toda la sociedad y algo indeterminado para el sector al que apuntábamos.

En definitiva, la conclusión es que no importan cuan buenas sean las intenciones del legislador, siempre hay que tener en cuenta que legislar implica cambios en la sociedad que muchas veces van a escapar a nuestra percepción y peor aun, a nuestras intenciones.