Sobre la canasta de 8.300 Bs., el 6% y otros calóricos conceptos

Como todos los años, abril se ha convertido en el mes de la discusión salarial y como todos los años, las idas y venidas de cifras y conceptos mal manejados nos dejan al final con una definición unilateral tomada por el Gobierno, que solo se basa en una parte de la historia y que para la mayoría de los sectores que realmente producen resulta arbitraria. En este salpicón de cifras y explicaciones, el 2017 hemos llegado al absurdo.

Me explico: cuando la COB planteó allá por el 2013 un salario mínimo de 8.300 Bs. lo hizo en base a una canasta básica de consumo para una familia promedio en Bolivia, en otras palabras, esto es lo que, según la COB, necesita una familia para vivir mes a mes, cubriendo absolutamente todos lo gastos en los que usted, yo o cualquier otra persona deben incurrir para estudiar, comer, trabajar y etc.

En honor a la verdad, y más allá de las observaciones técnicas que se le puedan hacer a este estudio (representatividad de la muestra que se usó para su estimación, falta de diferenciación en los patrones de gasto, efectos de las diferencias por ubicación geográfica y, sobre todo, cuanto de esta canasta debería ser cubierta por el salario de un trabajador), hay que decir que la COB ha llevado adelante un ejercicio importante, ya que algo que como sociedad desconocemos es cuánto y en qué gastamos las familias bolivianas para vivir.

Y aquí empiezan las confusiones; ya que aun cuando tenemos las herramientas para estimar este gasto (las encuestas de hogares que lleva adelante el INE año a año), el gobierno suele contestar que un incremento del salario mínimo a 8.300 Bs. es ilógico ya que la inflación ha estado en X por ciento, mezclando (adrede al parecer) dos conceptos diferentes, ya que mientras que la cifra de la inflación se estima en base a una canasta de consumo que está hecha para medir las variaciones de los precios, pero que de ninguna manera mide los niveles de consumo, el pedido de la COB se basa en una estimación que agrega gasto.

En otras palabras, mientras el IPC mide en cuanto ha aumentado el precio de la marraqueta en un año, el pedido de la COB se basa en cuantas marraquetas consume una familia en un mes. Ambos conceptos, aunque diferentes, son complementarios (algo que sugiere la OIT), ya que el salario debería poder cubrir lo mínimo necesario para que las familias subsistan, ser revisado cada cierto tiempo para evitar una pérdida de su poder adquisitivo (es decir, incrementado en base a la inflación) y ajustarse también por las variaciones en la productividad.

Este último punto, aunque les parezca “neoliberal” a varias autoridades de Estado, puede ser bastante beneficioso para los trabajadores, ya que es innegable que en todo trabajo existe un proceso de aprendizaje, que lleva a un incremento en la productividad y que, si se permitiera una negociación entre empleadores y trabajadores, podría ser reconocido en cada unidad productiva.

El problema es que el Gobierno no tiene claro lo que es una política de desarrollo (que va más allá de la agenda 2025), que a su vez incluye una política laboral, de la cual, la política salarial es solo una parte. Esto es consecuencia de la centralización de la planificación económica en torno al Ministerio de Economía, lo que excede sus funciones y capacidades, ya que mientras que para mantener las cuentas fiscales sanas se requiere un criterio básicamente contable, la generación de empleo de calidad y la diversificación económica requieren de habilidades que no se encuentran en esa cartera.

Por eso, no es de extrañar el fuerte énfasis que se le han dado a indicadores como el de crecimiento (PIB) y que poco tienen que ver con la calidad de vida, el bienestar o el desarrollo de una economía; o la confusión que se tiene en torno a la fijación del tipo de cambio con el concepto de estabilidad económica o un buen clima para la inversión. Peor aun, tenemos a autoridades que hablan de la ingesta de calorías como un indicador de la calidad del salario, cuando hoy sabemos que las calorías son baratas (grasas, azucares y harinas por ejemplo), mientras que los nutrientes son caros (proteínas, frutas y verduras), y por lo tanto, el sobrepeso es un indicador de pobreza más que de abundancia (contrariamente a lo que piensan nuestras autoridades).

Seguramente llegaremos al 1 de mayo, como todos los años, con una cifra dictada desde el Ministerio de Economía en base a un criterio contable, sin embargo, y aunque es bueno que tengamos a un campeón en el manejo de la política fiscal, gracias a la ortodoxia con la que se maneja, llevar adelante una política económica integral, donde se incluya, por ejemplo, una política de diversificación productiva, con generación  de empleo digno, innovación y post-rentista, exige más que ortodoxia, es un proceso de descubrimiento que requiere creatividad y coordinación con el sector privado (que comprende a las empresas y trabajadores), algo que claramente falta.