Una explicación sobre el default argentino

Durante los últimos días hemos escuchado a bastantes analistas hablar sobre el tema, y la verdad que tratar de entender la situación actual de Argentina es sumamente complejo, no sólo por las diversas perspectivas que se ofrecen de la misma (muchas veces contradictorias entre sí), sino también por la confluencia de varios hechos, actores y políticas públicas que llevaron a este desenlace y que son de larga data. Por esto, y parafraseando a un gran profesor de macroeconomía, “como dice el descuartizador, vamos por partes”:

La deuda argentina y su reestructuración.

En el 2001 Argentina entró en default, al dejar de pagar una deuda de algo más de 100 mil millones de dólares, lo que la transformó en la mayor cesación de pagos de la historia. Evidentemente esta deuda, como podrá usted suponer, no se quedó impaga, sino que fue parte de un proceso de renegociación, encarado entre el 2005 y el 2010.

En términos generales, estas negociaciones parecían haber resultado positivas, ya que se llegó a un acuerdo con más del 92% de los acreedores, pactando quitas al valor inicial de la deuda de casi el 68% y reacomodando además los plazos de pago a periodos aún mayores a los que se la había emitido en primera instancia. En contrapartida, los acreedores exigieron, a manera de garantía, el reconocimiento de la legislación estadounidense como legislación válida en caso de una nueva cesación y la inclusión de una cláusula que les asegure haber obtenido el mejor acuerdo posible (llamada cláusula RUFO por sus siglas en inglés), que establecía que si Argentina llegaba a un acuerdo mejor con otros acreedores, automáticamente los primeros accederían a estas nuevas condiciones.

Adicionalmente, en el 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, bajo la premisa de dejar atrás la “dominación financiera”, se realizó la liquidación total de la deuda con el FMI, lo que representó un pago de casi diez mil millones de dólares, equivalentes al 36,6% del total de sus reservas internacionales en ese momento, y que se realizó en función a las buenas previsiones de precios de las materias primas, entre otros argumentos, por lo que en ese momento se estimaba que las reservas volverían a aumentar.

Los holdouts o “fondos buitres”.

Ahora bien, aquí entran en escena los fondos buitres, que son precisamente el 7% restante de los acreedores que decidieron no entrar a los procesos de canje antes mencionados. La metodología de estos fondos es relativamente simple, ya que estos son capitales de inversión, que se dedican a comprar bonos, ya sea de empresas o gobiernos en quiebra, por montos sumamente bajos para luego, a través de vías judiciales, intentar conseguir el pago del 100% del valor original. Este es un negocio evidentemente riesgoso y, por lo tanto, altamente rentable si se logra el objetivo.

Así, para que se pueda contextualizar, NML Capital Ltd., que es uno de estos fondos, compró papeles de deuda argentina con un valor nominal de 853 millones de dólares por poco más de 49 millones, a los que se les debe incluir los intereses y punitorios de estos 13 años, elevando la cifra del reclamo a algo más de 1.300 millones de dólares. Como podrá usted ya suponer, fue este fondo el que presentó una demanda contra Argentina por incumplimiento de pago.

El juez Griesa su fallo y el default.

El fundamento de NML Capital Ltd. para entablar la demanda fue precisamente el pago puntual que venía haciendo Argentina al 92% de bonistas con los que había renegociado. Esto es así, porque según una clausula llamada Pari Passu, muy común en contratos financieros, en una situación de quiebra, no se puede establecer diferencia entre acreedores, es decir, no se puede pagar a unos y a otros no, y dado que Argentina venia pagando a los bonistas del canje, el fondo NML exigió también su pago correspondiente, pero en las condiciones establecidas en la deuda original, lo que resulta en las extraordinarias cifras que mencionamos antes.

Ahora bien, este argumento fue aceptado por el juzgado presidido por Thomas Griesa, lo que ponía a la Argentina en una situación compleja, ya que si cumplía el fallo, era posible que el 92% de los bonistas exijan la aplicación de la cláusula RUFO (cuyo vencimiento es el 31 de diciembre del 2014), es decir, el reconocimiento del capital a los niveles anteriores a las negociaciones de 2005 y 2010 y por consiguiente el sustancial incremento de la deuda externa argentina. En contrapartida, si el fallo no era cumplido, Argentina se arriesgaba, tal como ha sucedido, a la cesación de pagos, al menos a una parte de los acreedores.

Aquí es necesario hacer algunas precisiones, en primer lugar el argumento de la defensa argentina se basaba en que tanto la deuda reestructurada como la que se encontraba en poder del fondo NML no eran en sí la misma deuda, sino que a partir de la restructuración estas se constituían en deudas diferentes, por lo que la aplicación del Pari Passu no era procedente. En este sentido la interpretación del juez Griesa sobre esta cláusula, desde la perspectiva del gobierno argentino, puede calificarse al menos como “amplia”.

En segundo lugar, no todo está en función del fallo en sí mismo, sino que también está en función de la cesión de soberanía jurídica que fue negociada en el proceso de reestructuración encarado por el gobierno argentino, junto con una alta politización de cuestiones evidentemente económicas.

El momento de la economía argentina.

El fallo y el consiguiente default actual no podrían venir en un peor momento para la economía argentina, ya que esta se encuentra enfrentando serios problemas de inflación, calculada por algunas consultoras privadas en un 55% anual (la segunda más alta del mundo), una continua salida de capitales, a partir de los problemas de confianza que muestran los agentes en las medidas de política económica (que han incluido un esquema muy complejo de control en la venta de divisas para tratar de manejar la preocupante caída en sus reservas internacionales, que sólo en el 2013 se redujeron en algo más de 10.000 millones de dólares), controles de precios en el mercado interno, una creciente carga fiscal a causa de subsidios sumamente corporativos y una crisis energética persistente entre otros problemas.

Todo esto se suma a un contexto internacional poco favorable, donde los precios de la soya, principal exportación del vecino país, vienen cayendo y con Brasil entrando también en recesión, lo que ha repercutido en la virtual paralización de sectores claves para la economía argentina, como el automotriz y el inmobiliario, por lo que es posible que, de mantenerse la actual situación, las disminuciones del nivel de consumo y el actividad sean aún mayores.

Algunas posibles repercusiones para Bolivia.

En términos formales, el comercio no gasífero con Argentina no es relevante, y aún cuando las ventas de gas representan un ingreso mensual promedio de más de 200 millones de dólares, a la Argentina no le sería, ni política ni económicamente viable suspender el pago de ese energético, sobre todo porque agudizaría aún más las presiones internas ante nuevos problemas en la provisión de energía. Sin embargo, el comercio informal, del que suelen vivir muchas de las familias más pobres de las regiones fronterizas prácticamente se ha invertido, es decir, hemos pasado a ser importadores netos, tanto de alimentos como de otro tipo de bienes, relacionados a los textiles, vinos y cervezas entre otros, lo que establece un esquema de competencia desleal sumamente difícil de subsanar para los productores bolivianos.

Por otro lado, Argentina ha sido uno de los principales destinos de los migrantes bolivianos, no sólo por su cercanía geográfica y la relativa facilidad de ingreso, sino también por la extensa red de ayuda y la gran especialización que las comunidades migrantes han desarrollado en el vecino país. En este contexto, las medidas tomadas por las autoridades argentinas han dificultado la obtención de divisas, particularmente para los migrantes, que en la mayoría de los casos se desempeñan en actividades informales, donde la justificación de los ingresos es sumamente difícil. Ante la actual situación de default estas medidas podrían agudizarse y por consiguiente dificultar aún más el envío de remesas hacia Bolivia.

Finalmente, y quizás el efecto que ya estamos observado desde hace mucho tiempo, pero que podrían ser un problema aún más complejo en el corto plazo, es la presión que ejerce la demanda en Argentina para la salida de dólares de nuestro país, por aquello a lo que a los economistas llamamos “arbitraje” y lo que en pocas palabras significa comprar barato en un lugar, para vender caro en otro.

Así, la dificultad para conseguir dólares en la Argentina hace que el dólar en el mercado paralelo, hoy por hoy, esté casi un 65% encima de los valores oficiales, mientras que en Bolivia no existe ningún tipo de control para la compra, hecho que permite mantener un único mercado. Esta situación ha fomentado el arbitraje del dólar en las fronteras con el vecino país, ya que es negocio libre de riesgos, inventarios e incluso impuestos.

Cuantificar la cantidad de dólares que salen no es tarea fácil, sin embargo el problema está en que más allá de la falta de carácter “productivo” del comercio fronterizo, la actividad cambiaria no genera la misma cantidad de empleo, directo e indirecto, que el comercio. Además, se debe tomar en cuenta que la actividad comercial, a veces más a veces menos, permite la competencia entre actores de diversos tamaños, cosa que el arbitraje no. Para lograr sacar réditos del arbitraje, el capital con el que se debe contar es bastante alto, ya que ganar un centavo o menos por dólar no se justifica si su capital es de mil dólares, pero si esta cifra está por encima de los 15 o 20 mil dólares la situación es diferente. Esto implica que las “oportunidades” que ofrece el arbitraje son restringidas a un pequeño grupo de “grandes capitalistas”.