Tres reformas urgentes para la economía de Bolivia

Ahora que la tendencia alcista de los precios de las materias primas, que sostuvieron a la economía boliviana durante los últimos 10 años, está empezando a moderarse y vuelve a sendas menos expansionistas, es hora de empezar a pensar en las reformas estructurales que se han venido aplazando en el país.

En concreto, me refiero a tres problemas que además de no haber sido atendidos, se han ido profundizando conforme el foco de la propaganda gubernamental se centraba en los indicadores macroeconómicos.

El primero de ellos es el empleo, durante la última década hemos visto como el desempleo ha pasado de cifras cercanas de dos dígitos a menos del 3% en el 2014 (según la OIT), un hecho positivo sin duda y que ha servido para colocar al país dentro de los que menor desempleo muestra en la región. Sin embargo, poco y nada se ha avanzado en la calidad del empleo.

De hecho, cuando observamos la informalidad en el ámbito laboral, esta ha pasado de estar en torno al 75% en el 2005 a algo más del 82% en el 2012, con una consecuencia directa en el alcance de las políticas salariales que intenta aplicar el gobierno. Ya que mientras más alta sea la informalidad en el mercado laboral, menos beneficiarios directos de los incrementos salariales y el doble aguinaldo, aunque las problemáticas que traen consigo, como el incremento en los precios de la canasta de consumo o la menor predisposición de los empresarios a contratar, si alcanza a toda la población.

En este sentido, una reforma en la ley de empleo, que no sólo se preocupe por seguir dando beneficios a los que ya tienen trabajo, sino que también se preocupe por flexibilizar las condiciones para generar empleo, es urgente, básicamente porque las enormes distorsiones que se han fomentado en el aparato productivo pueden ser poco sostenibles en un contexto de ingresos moderados como el que se prevé.

Aquí entra la segunda reforma urgente para la economía: la educación. Y esta es quizás el área donde más reformas y menos resultados hemos visto y no sólo en esta gestión de gobierno. Sin embargo, el agravante en esta administración es que se han profundizado las desconexiones entre los requerimientos del mercado laboral y los resultados del sistema educativo (a la vez que se ha desincentivado la formación de capital humano).

El modelo educativo actual contempla dimensiones socio-comunitarias y productivas, sin embargo, el escaso avance de la educación técnica es evidente, mientras que el componente socio-comunitario se profundiza cada vez más, hecho que aunque puede ser bueno desde una perspectiva social, no aporta ninguna habilidad específica para el sector productivo.

En segundo lugar, la política salarial ha afectado las decisiones de corto plazo de los jóvenes, que prefieren insertarse en el mercado laboral apenas terminado el colegio (o incluso antes) dados los posibles ingresos, relativamente altos y no muy diferentes de los que podrían obtener invirtiendo 4 o 5 años más en su educación. Esto es una clara señal de la baja calidad de la educación.

Finalmente debemos revisar los subsidios y controles de precios, ya que las distorsiones que se están introduciendo en la economía son acumulativas y no siempre logran su objetivo. Esto es importante porque cuando se habla de los subsidios, normalmente se piensa en mantener los precios de los bienes de consumo de corto plazo, pero en una economía subsidiada, las distorsiones de precios repercuten también en sectores como el de la educación o la salud, con efectos perversos, ya que los profesionales mejor calificados ven mejores condiciones en el exterior y, por lo tanto, la calidad de estos servicios en el país cae.

Ahora que las autoridades del sector económico, que ven a través de los indicadores macroeconómicos, ya no tendrán los cómodos resultados que trajo la inédita bonanza, el foco de las políticas públicas debería ir hacia los problemas estructurales que dificultan el desarrollo de una economía productiva.

Artículo publicado en Asuntos del Sur, Página Siete y Los Tiempos