Cosas que escribo

Ahora que estamos en épocas electorales, una de las cosas que ha quedado en claro, tanto para simpatizantes de uno u otro lado, es que la base del desarrollo que proponen todos los candidatos parte de la continuidad de la explotación de los recursos naturales (algo que hacemos como país desde 1825) y la consiguiente industrialización (lo que sería la novedad). Claramente, una perspectiva demasiado nostálgica por no decir limitada. Me explico. Hirschman, un gran economista alemán, sostenía que el subdesarrollo era una situación de equilibrio donde convivían múltiples círculos viciosos que consumen o subutilizan los recursos de una sociedad. Por lo tanto, para superar el subdesarrollo había que migrar hacia círculos virtuosos, que jalen los recursos o habilidades de la sociedad que están mal utilizados, escondidos o desperdiciados. En esta línea, lo que él proponía era movilizar la inversión, secuencialmente, en la "dirección correcta” para que genere crecimiento económico.

Las autoridades del área económica constantemente sostienen que Bolivia está blindada ante los efectos de las crisis internacionales y ponen como ejemplo a la crisis financiera de Estados Unidos entre 2009 y 2010. Ésta, luego se extendió a Europa, Asia y finalmente a los países de nuestro continente. El resultado fue algo nunca antes visto: Bolivia, el país más pobre de la región, era el que más crecía (volveré sobre esto último más adelante). Parecía que los estornudos de las economías grandes ya no nos causaban pulmonías. Hoy estamos ante un cambio radical en la dinámica económica de las últimas décadas, ya que China, India y las demás economías emergentes habían venido creciendo a tasas considerablemente altas, en algunos casos, desde hace más de 20 años. Esto significa que el superciclo de materias primas, no sólo se debía al crecimiento de estas economías, sino que también hubo efectos derivados de la política económica de Estados Unidos y fuertes componentes especulativos de p

Estamos a ocho semanas de las elecciones generales y parece que el tema principal de la campaña se ha centrado en la discusión sobre las rentas de los hidrocarburos. Hábilmente, desde mi perspectiva, el Gobierno ha sobredimensionado esta discusión, explotando de nuevo los sentimientos de soberanía tan arraigados en nuestra población, para evitar hablar sobre los otros grandes problemas de la economía. El 50/50 es, sin duda, una menor proporción de la torta que la que ahora captura el Gobierno, que tampoco es 82% y que tampoco fue logrado por este gobierno (según cálculos de Mauricio Medinaceli están en el orden del 65% y la Ley 3058, base del actual esquema de tributación, fue aprobada en el 2005); sin embargo, si como sociedad nos enfrascamos en esta discusión, nos estamos quedando con una muy pequeña parte de todo lo que hay que discutir. No sólo por lo complicado que puede ser el establecer impuestos sobre los recursos naturales, sino porque una de las reglas básicas, si

Durante los últimos días hemos escuchado a bastantes analistas hablar sobre el tema, y la verdad que tratar de entender la situación actual de Argentina es sumamente complejo, no sólo por las diversas perspectivas que se ofrecen de la misma (muchas veces contradictorias entre sí), sino también por la confluencia de varios hechos, actores y políticas públicas que llevaron a este desenlace y que son de larga data. Por esto, y parafraseando a un gran profesor de macroeconomía, “como dice el descuartizador, vamos por partes”: La deuda argentina y su reestructuración. En el 2001 Argentina entró en default, al dejar de pagar una deuda de algo más de 100 mil millones de dólares, lo que la transformó en la mayor cesación de pagos de la historia. Evidentemente esta deuda, como podrá usted suponer, no se quedó impaga, sino que fue parte de un proceso de renegociación, encarado entre el 2005 y el 2010. En términos generales, estas negociaciones parecían haber resultado positivas, ya que

La política de control de la inflación que está llevando adelante el actual gobierno boliviano está basada en tres pilares fundamentales, utilizando, en primer lugar, medidas monetarias, a las que los economistas llamamos Operaciones de Mercado Abierto (OMA’s), medidas de tipo de cambio y medidas administrativas, que en pocas palabras son los controles de algunos precios de la canasta básica junto con exenciones a sus importaciones. En conjunto, estas medidas parecen haber resultado relativamente exitosas, al menos según lo que muestran los datos oficiales. Sin embargo, y ante una coyuntura en la que los incrementos salariales han estado muy por encima de los indicadores de inflación del 2013 y a los que se les debe agregar las inyecciones de dinero que representaran o representaron los pagos del doble aguinaldo en el sector privado entre enero y febrero, correspondiente a la gestión 2013, y muy seguramente del mismo beneficio para el 2014, es pertinente que se evalúe cuanto le cu

En 1990 los impuestos a la propiedad de bienes muebles e inmuebles representaban el 7% del total de la recaudación impositiva en Bolivia, mientras que en el 2012 su participación había caído a casi 0,1%. En el mismo periodo, la participación de los impuestos a los hidrocarburos pasó del 13,1 al 28,1%. ¿Por qué este dato es relevante?, pues bien, porque ambos están directamente relacionados a los ingresos de los gobiernos subancionales del país. Los impuestos a la propiedad de bienes se constituyen, para la mayoría de las alcaldías, en la principal fuente de recursos tributarios recaudados directamente, mientras que los impuestos a los hidrocarburos (y a los minerales también) son coparticipados en función de una regla de distribución territorial a gobiernos subnacionales y universidades, donde aquellos departamentos que tienen yacimientos explotados reciben mayores recursos que aquellos departamentos “no productores”, regla reforzada a partir de una nueva ley de hidrocarburos prom

Hace unos días, en Bolivia, se conoció un proyecto de ley, que ya está siendo tratado en la asamblea, referido a una retención por la comercialización de bebidas envasadas en botellas PET. Este proyecto de ley, cuyo principio fundamental es el de atacar el serio problema de la contaminación generada a partir del escaso reciclaje de estos envases, establece un mecanismo de retenciones (cuasi impuesto) a los productores y/o comercializadores en función del volumen que pueda contener un determinado envase. Ahora bien, más allá del noble propósito de dicho proyecto de ley, este contiene una serie de problemas en su aplicación, que van desde la dificultad de identificar a los comercializadores de bebidas importadas, más en una economía con los altos niveles de contrabando como la nuestra, lo que a su vez lleva a problemas de asimetrías en la aplicación de dicha norma, pues será más fácil aplicarlo solo a las embotelladoras legalmente establecidas, creando más cargas económicas a quien